Viernes, 20 Noviembre 2015 18:13

Se Pronuncian Académicos del País por Cese de Amenazas a Maestros

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Más de 200 académicos e investigadores que asisten al XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa en Chihuahua se pronunciaron en contra de las amenazas a maestros para que se sometan a los proceso de evaluación para la permanencia que está aplicando la autoridad educativa.

 

En un comunicado difundido el día de ayer, más de 200 académicos e investigadores expusieron que México necesita de manera urgente una profunda transformación de su sistema educativo como condición indispensable para un futuro con equidad e inclusión social, que garantice el derecho a una formación intelectual sólida y fortalezca la generación de una ciudadanía crítica y solidaria.

Señalaron que la reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y le de sustento. Se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar. Se limita a regular las condiciones laborales del magisterio, a través de procedimientos de evaluación que, lejos de contribuir a la mejora docente, confirman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son sometidos, de manera vertical y autoritaria, las y los profesores en nuestro país.

A continuación aparece la reproducción integra del pronunciamiento:

 

A sociedad mexicana

A los maestros y maestras del país 

A la Secretaría de Educación Pública 

Nosotros, participantes del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrado en la Ciudad de Chihuahua entre el 16 y el 20 de noviembre de 2015, expresamos:

1. México necesita de manera urgente una profunda transformación de su sistema educativo como condición indispensable para un futuro con equidad e inclusión social, que garantice el derecho a una formación intelectual sólida y fortalezca la generación de una ciudadanía crítica y solidaria. 

2. La reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y le de sustento. Se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar. Se limita a regular las condiciones laborales del magisterio, a través de procedimientos de evaluación que, lejos de contribuir a la mejora docente, confirman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son sometidos, de manera vertical y autoritaria, las y los profesores en nuestro país.

3. Los cambios se han realizado sin la participación ni la consulta debida a los maestros. Se les concibe como objetos y no como sujetos, actores imprescindibles en la transformación requerida. La reforma se ha fincado en la estigmatización del magisterio. Con ello, no solo se perdió al actor principal de cambio en los procesos educativos, sino que se le desautorizó socialmente y se le condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo.

4. Además de tener un carácter punitivo, los criterios rectores y las prácticas de evaluación son imperfectas y poco confiables. El apresuramiento en su diseño y construcción han impedido una validación adecuada de las pruebas y existe una gran improvisación en la capacitación de evaluadores. En suma, no se garantiza un evaluación confiable y en cambio se ponen en juego las condiciones de vida de cientos de miles de maestras y maestros.

5. Consideramos que ni la violencia ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos, son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental, ni permiten atender las profundas necesidades educativas de nuestro país. Lo que está en juego es vital para México. No es válido que la prisa, el prejuicio o la arrogancia pongan en riesgo un proceso tan importante como es la educación de las niñas y los niños. Hay que sustituir el ruido y la amenaza con espacios para el debate, el diseño concertado y la negociación de los caminos por los que ha de transitar la renovación de la educación mexicana.

 Alberto Arnaut, Manuel Gil Antón, Roberto Rodríguez Gómez, Patricio Solis, Imanol Ordorika, Alejandro Márquez Jiménez, Armando Alcántara, Marisol Silva Laya, Mercedes Ruiz Muñoz, Daniel Hidalgo Valdés, Marco Contreras y 200 firmas más.

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